La administración departamental de Cerro Largo resolvió dar un paso que marca un quiebre institucional: poner en conocimiento de la Justicia una serie de presuntas irregularidades detectadas en la recaudación y administración de recursos del Hogar Estudiantil de Melo durante el período 2023–2025.
La denuncia penal, ya radicada, dio inicio a una investigación policial que busca determinar si existieron desvíos o manejos indebidos de los fondos generados por el funcionamiento del hogar en la gestión departamental anterior. El intendente Christian Morel confirmó la medida y la calificó como “necesaria”, en el marco de la responsabilidad institucional y la obligación de garantizar transparencia en el manejo de recursos públicos.
Según la información recabada por la parte denunciante, las observaciones surgieron tras detectar anomalías en los mecanismos de cobro y administración de los ingresos del establecimiento. Parte de los fondos que debían destinarse al mantenimiento, servicios y funcionamiento del hogar no habrían seguido los canales administrativos correspondientes.
Uno de los puntos centrales de la investigación preliminar refiere a pagos realizados por concepto de hospedaje. Los estudiantes residentes abonaban mensualmente una cuota de 2.000 pesos, pero algunos de esos montos no habrían sido depositados en cuentas oficiales del organismo. De confirmarse, se trataría de una irregularidad de carácter administrativo con eventuales consecuencias penales.
Durante el período señalado, el Hogar Estudiantil de Melo alojaba a 41 residentes. Ese número permite dimensionar el flujo económico en cuestión: la recaudación mensual estimada rondaba los 82.000 pesos, cifra que multiplicada por el período investigado abre interrogantes sobre el destino total de los recursos y su trazabilidad contable.
El Hogar Estudiantil cumple una función social clave en el departamento, al brindar alojamiento a jóvenes que cursan estudios y necesitan apoyo para sostener su formación. Por eso, la eventual afectación de sus recursos no solo reviste gravedad administrativa, sino también un impacto simbólico en la confianza pública.
Ahora será la Justicia la que determine responsabilidades, establezca si existieron irregularidades y, en su caso, identifique a los eventuales involucrados. Mientras tanto, la administración actual sostiene que el objetivo es “ordenar, transparentar y garantizar que cada peso destinado a políticas sociales cumpla efectivamente su función”.
La investigación recién comienza, pero el caso ya instala una pregunta de fondo en Cerro Largo: cómo fortalecer los mecanismos de control para que instituciones sensibles, destinadas a respaldar el futuro de los jóvenes, no queden expuestas a manejos que comprometan su misión.
El intendente Christian Morel confirmó públicamente la presentación de la denuncia y se refirió al tema a través de sus redes sociales, donde expresó:
“Ya hicimos nuestra primera DENUNCIA por mal manejo de los dineros del Hogar Estudiantil de Melo del anterior gobierno. Son cosas que duelen, pero es nuestra responsabilidad”.
En el mismo comunicado, el jefe comunal agregó:
“Se ha dado inicio a una investigación policial a raíz de una denuncia presentada por la IDCL, vinculada al presunto mal manejo de dinero público que debió ingresar al Hogar Estudiantil de Melo entre el año 2023 e inicios de 2025, lo que podría ameritar la responsabilidad penal de algún funcionario”.
Desde la Intendencia se remarcó que el objetivo central es esclarecer los hechos y garantizar que los recursos públicos destinados a estudiantes sean administrados con transparencia y en beneficio directo de quienes residen en el hogar.
Fuente: Atlas de Melo
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