La puerta no se cerró de golpe. Se cerró con ese sonido seco que tienen los edificios institucionales cuando alguien decide que ya no sos bienvenido. Afuera, la calle Guayabos seguía su ritmo habitual, ajena a lo que acababa de ocurrir dentro de la sede de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Pero para nosotros, esa tarde marcó un antes y un después.
LA OFI MONTEVIDEANA/Desde Montevideo EDUARDO MÉRICA para PERIODISTAS EN RED.
Habíamos ingresado como lo que somos: periodistas. Con libreta, grabador y la convicción de que el debate sobre el nuevo estatuto del fútbol uruguayo no podía quedar encerrado entre cuatro paredes. Allí se discutía mucho más que un texto jurídico; se estaba definiendo la arquitectura del poder en el deporte más popular del país. Y en ese contexto, registrar lo que se decía no era un acto de provocación: era un acto de responsabilidad profesional.
Sin embargo, desde la presidencia que entonces ejercía Wilmar Valdez, la decisión fue otra. No hubo diálogo previo ni advertencia formal. Hubo un guardia de seguridad que ingresó al recinto de la asamblea con una orden concreta: retirarnos. Expulsarnos. Sacarnos del lugar como si nuestra presencia fuera una amenaza y no el ejercicio legítimo del periodismo.
Nos condujeron hacia la calle Guayabos, en un gesto que todavía hoy cuesta procesar. Jamás habíamos vivido algo igual. No en coberturas políticas, no en asambleas deportivas, no en situaciones de tensión institucional. Esa vez, la puerta se cerró no solo sobre nosotros, sino sobre el derecho a informar.
Lo más doloroso no fue el desplazamiento físico. Fue el mensaje. Se nos expulsó en represalia por haber grabado una reunión en la que —según entendíamos— se estaba “cocinando” el nuevo estatuto del fútbol uruguayo. Se nos castigó por hacer visible lo que algunos preferían mantener en penumbras. Y eso tiene un nombre: restricción a la libertad de expresión.
No estábamos solos. A nuestro lado se encontraba Ariel Giorgi, dos veces presidente del Círculo de Periodistas del Uruguay. Su trayectoria, su investidura y su compromiso con la profesión no pesaron en la balanza de quienes tomaron la decisión. No importó la historia, no importó el cargo, no importó la institucionalidad periodística. La orden estaba dada.
Este episodio no puede leerse como un hecho aislado. Se inscribe en una larga y silenciosa tensión entre el poder central del fútbol y la prensa del interior. Durante años, los periodistas que trabajan lejos de la capital han debido abrirse paso entre acreditaciones restringidas, silencios oficiales y miradas desconfiadas. Lo ocurrido en la asamblea fue la expresión más cruda de esa discriminación: cuando la voz viene del interior, molesta más.
Porque el fútbol uruguayo no es patrimonio exclusivo de un escritorio en Montevideo. Es también la cancha de tierra en el interior profundo, el relato radial que cruza departamentos, el periodista que viaja cientos de kilómetros para cubrir una reunión que puede cambiar el rumbo institucional del deporte.
Aquella tarde hacia la calle Guayabos no fue solo una expulsión física. Fue una advertencia. Pero también fue una confirmación: cuando el poder se incomoda ante una grabación, es porque sabe que la transparencia incomoda más que el silencio.
Y si algo dejó claro ese episodio es que la prensa del interior seguirá estando, aun cuando intenten dejarla afuera. Porque el derecho a informar no se negocia. Se ejerce.